El gobierno del Presidente Obama anunció hoy que apelará ante la Corte Suprema de Justicia la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones por la que se ratificó la decisión de un  juez de Texas de prohibir que comenzara a implementarse la acción ejecutiva de Obama.

“Estamos en desacuerdo con la decisión del Quinto Circuito. La Corte Suprema y el Congreso han dejado claro que el gobierno federal puede establecer la prioridades para hacer efectivas las leyes de inmigración”, señaló la Casa Blanaca.

El Departamento de Justicia anunció por separado la apelación ante la Suprema Corte.

La respuesta del gobierno era esperada, y aunque suene un tanto apresurada tiene razón de ser debido a cuestiones de contenido y forma. De contenido porque la Casa Blanca confía en que la Corte Suprema verá el caso con criterios más amplios que tanto los del juez de Texas como los de la Corte de Apelaciones.

Como la misma cita del gobierno lo señala, la Casa Blanca confía en que la Suprema Corte tendrá como marco de referencia para sentenciar la idea de que en asuntos migratorios el presidente o Poder Ejecutivo tiene un amplio marco de acción.

Que la acción ejecutiva  de Obama entonces, no es nada extraordinario sino algo que a lo largo de la historia contemporánea se ha dado con diferentes presidentes, con la salvedad de que en este caso el número de involucrados es mucho mayor que en otros casos del pasado (serian unos cuatro millones de indocumentados los que se beneficiarían).

En términos de forma la apelación adquiere urgencia debido a que la Corte Suprema tiene a lo sumo un par de semanas más para decidir que casos aceptará conocer en su próximo periodo de sesiones en la primavera de 2016.

Si la Corte decide tomar el caso de la acción ejecutiva tendría que dar una sentencia en algún momento de junio de 2016. Esta fecha es importante debido a que existiría la posibilidad de que si la Corte sentencia en favor del gobierno la acción ejecutiva comenzaría a implementarse antes de que Obama deje el cargo.

En sus primeros comentarios ante lo resuelto por la Corte de Apelaciones, el gobierno de Obama además de señalar su desacuerdo con la decisión, añade que este caso -iniciado por Texas y varios otros estados gobernados por republicanos- no permite que “gente que por muchos años ha sido parte de nuestras comunidades trabaje según los libros (de manera abierta y legal), que contribuya a la economía pagando impuestos y en general que sea responsable (ante el gobierno)”.

“Estas políticas”, sigue el razonamiento de la Casa Blanca, “ha sido diseñadas para traer una mayor responsabilidad en nuestro quebrado sistema de inmigración. Quince Estados, más el Distrito de Columbia, líderes del mundo de los negocios, oficiales de policía, educadores, líderes religiosos, funcionarios electos, académicos y otros, todos le han pedido a la Corte que mueva el caso”.

Todos estos Estados de que habla la Casa Blanca son gobernados por demócratas, lo cual recuerda no sólo lo polarizado que es el caso legal de la acción ejecutiva sino además de que en el fondo del asunto hay no sólo consideraciones legales sino también políticas.

Los argumentos que da el gobierno de Obama para el caso, aun cuando prácticos y humanitarios, para los que se oponen a la acción ejecutiva y en general a cualquier tipo de ayuda o respiro a los indocumentados, son simplemente secundarios, y según su punto de vista, contra la ley.

Si todo sale como se detalla en este eventual calendario jurídico, la decisión de la Corte Suprema debería de conocerse en momentos en que estaría a todo vapor la campaña presidencial, lo cual asegura que el tema migratorio será asunto de intensa discusión.

Dentro de todas estas consideraciones jurídicas, políticas y demás no hay que perder de vista lo que está en juego con el éxito o el fracaso de la acción ejecutiva: la vida diaria -en la sombra o en la legalidad- de unos cuatro millones de seres humanos.

Fuente: Telemundo